Al cumplirse casi un mes de la muerte de Samuel Tobares, familiares, amigues y vecines de Villa Parque Síquiman se movilizaron para exigir el esclarecimiento total del caso y que la causa no pierda impulso.
Bajo la consigna “Justicia por Samuel”, la convocatoria se dio en un contexto marcado por definiciones judiciales pendientes en torno al crimen del joven que fue interceptado por efectivos de la Departamental Punilla el 23 de noviembre.
Los dos policías acusados por la muerte de Samuel Tobares durante un operativo en Villa Parque Síquiman continúan detenidos e imputados por homicidio preterintencional. La causa quedó a cargo del fiscal de Segundo Turno de Carlos Paz, Ricardo Mazzuchi, quien ordenó la detención del sargento Guillermo Serafín Arce (35) y del oficial Franco Sebastián Romero (49), los efectivos que intervinieron en el procedimiento.
La noche en que la policía golpeó a Tobares
Samuel Tobares tenía 34 años y vivía en Villa Parque Síquiman, en el Valle de Punilla, a unos 13 kilómetros de Villa Carlos Paz. Trabajaba en un hotel de la ciudad turística y la noche del domingo 23 de noviembre regresaba a su casa tras una extensa jornada laboral por el fin de semana extralargo. Cerca de las 21 bajó del colectivo en una parada sobre la Ruta 38, a pocas cuadras de su domicilio.
Según los testimonios incorporados a la causa, Samuel se quedó unos minutos en una garita cuando llegó una patrulla del destacamento de Bialet Massé. El intercambio escaló rápidamente. Abigail Tobares, hermana de la víctima, aseguró que “ni los testigos pueden entender por qué los policías llegaron tan agresivos”. Y agregó: “Los vecinos dicen que hubo insultos, un cruce de palabras, y de ahí en más mucha agresión. Mucha agresión realmente”.
Vecinos que presenciaron el procedimiento relataron una golpiza prolongada. “Lo mataron como a un perro”, dijo uno de ellos, al recordar que Samuel “pedía que no lo golpearan más, y que lo dejaran tranquilo”. Durante la agresión, los policías lo insultaron: “Le dijeron ‘o ea’, ‘gil de mierda’, ‘otario’”.
Guillermo, otro testigo, declaró ante cámaras: “Vi que lo insultaron, lo agredieron, le pegaron una piña, lo tiraron contra el móvil. Cuando se cayó, no fue suficiente: lo patearon varias veces”. También relató que los oficiales se sentaron encima de Samuel “entre 15 y 20 minutos” mientras intentaban reducirlo. Los policías imputados son un agente y un sargento con más de diez años de servicio.
La autopsia determinó que el cuerpo de Tobares presentaba múltiples golpes, aunque no se hallaron lesiones inmediatas que expliquen la causa de muerte. Al llegar al Hospital Domingo Funes ya no tenía signos vitales. En el informe médico quedó asentado un dato clave: “El paciente tenía la boca llena de tierra, en cantidades llamativas”.
Según pudo reconstruir la familia, Samuel fue golpeado durante unos 40 minutos y murió antes de ingresar al hospital. El procedimiento remite a prácticas de reducción policial denunciadas en distintos contextos, cuando el accionar termina siendo letal.
Marcha en Parque Síquiman
El sábado 20 se realizó una nueva movilización en Villa Parque Síquiman. Familiares, amigues y vecines se manifestaron frente a la comisaría de Bialet Massé. La marcha comenzó en la parada de colectivos donde ocurrió el operativo y avanzó hasta el destacamento policial.
Durante la jornada se plantaron dos árboles nativos como gesto de memoria colectiva. Uno fue señalado con un cartel con el nombre de Samuel Tobares, con la intención “de dejar una marca permanente del pedido de verdad y justicia”.
Abigail Tobares contó que su hermano Samuel había regresado a Córdoba dos meses antes desde Rosario para acompañar a su familia por el deterioro de la salud de su padre. Se instaló en la zona y consiguió trabajo en un hotel junto a sus hermanas. “Le gustaba mucho trabajar y ayudar a su familia. Él nos cuidaba y nos adoraba”, recordó. También aclaró que no tenía enfermedades preexistentes ni antecedentes penales: “Era un sostén para todos nosotros”.
El caso motivó pronunciamientos de organizaciones LGBTQ+. La Federación Argentina LGBTQ+ reclamó formación obligatoria en derechos humanos, género y diversidad para la Policía de Córdoba. Desde Orgullo Córdoba exigieron una reunión urgente con el ministro Quinteros. Desde la Comisión Organizadora de la Marcha Provincial señalaron: “El caso no fue un exceso, no fue un incidente: fue violencia institucional, abuso de autoridad en su forma más brutal”.
Obstáculos en la causa y violencia policial
Los policías continúan detenidos e imputados por homicidio preterintencional. La causa está a cargo del fiscal Ricardo Mazzuchi. La defensa sostuvo que Tobares murió por un “shock generado por el estrés de la reducción policial”, y alegó una afección coronaria previa combinada con consumo de sustancias. También afirmó que algunas lesiones “podrían ser compatibles con maniobras de reanimación”.
La familia cuestionó la falta de información oficial. Daniela Tobares denunció: “Nosotros estamos esperando que desde fiscalía se dignen a darle el expediente a nuestros abogados”. Y agregó: “Todo y cualquier cosa que se diga no es real hasta que se abra el secreto de sumario”. También reclamó un cambio de carátula: “Hoy entendemos aún más la magnitud de lo que pasó”.
El abogado Carlos Nayi renunció a la representación de la familia de Samuel al día siguiente de realizar esas declaraciones, luego de expresar que había percibido desconfianza de su parte.
Según trascendió, el letrado les hizo leer el informe de la autopsia, donde se mencionan referencias al consumo de cocaína por parte de la víctima, lo que generó un fuerte malestar en la madre y la hermana de Samuel. La familia sintió que el enfoque del abogado desplazaba el eje del caso, poniendo el acento en el consumo de drogas por sobre el hecho central de que Samuel fue golpeado hasta la muerte, y decidió no firmarle el poder para que continuara al frente de la causa. La representación quedó en manos de Horacio Balduzzi y Silvina Bolseen, abogados que, aunque no cuentan con experiencia en casos de alta complejidad, tienen la confianza plena de la familia.
El caso se inscribe en un contexto más amplio de violencia policial. En Córdoba hubo antecedentes recientes y durante el último año unos quince policías fueron imputados por delitos graves. La fuerza cuenta con una aceitada estructura de comunicación que difunde entre 30 y 40 partes diarios con fotos, videos y audios grabados por comisarios para su reproducción en medios. Sin embargo, nunca informó oficialmente sobre la muerte de Samuel Tobares y recién dejó trascender la existencia del llamado al 911 que originó el operativo cuando el caso tomó estado público. Sólo en 2025, siete efectivos fueron detenidos tras operativos que terminaron con personas muertas.
Entre el 18 y el 26 de noviembre, efectivos de las provincias de Salta, Córdoba y Buenos Aires estuvieron involucrados en hechos que terminaron con la muerte de tres personas menores de 35 años. Fernanda y Samuel, ambos de 34, fallecieron durante operativos policiales que aún no fueron esclarecidos y que, como suele ocurrir en casos de violencia institucional, quedaron envueltos en versiones contradictorias y confusión.
En la provincia de Buenos Aires, Treinti, de 29 años, murió tras ser presuntamente atropellada por un móvil policial en La Tablada, cuando cruzaba la ruta 4. Los efectivos involucrados permanecen detenidos.
Según el último informe del Observatorio de la FALGBT, los crímenes de odio aumentaron un 70% en el país, con un crecimiento sostenido de la participación policial.
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