Embanderado histórico contra los trabajadores

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó este viernes el alcance de la reforma laboral que impulsa el Gobierno pero visibilizó más inconsistencias que puntos en claro de la propuesta. Para el funcionario las modificaciones propuestas también impactarán sobre los trabajos que ya están en curso, aunque las contrataciones se hayan regido por la ley actual. El punto levantó tanta polémica como su versión respecto a que la iniciativa promoverá la generación de empleo, mientras otras voces del propio oficialismo lo ponen en duda.

Un interrogante principal sobre la reforma es si los cambios propuestos en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) se aplicarán exclusivamente a las nuevas contrataciones o si también impactarán en las relaciones laborales ya existentes. En declaraciones radiales Sturzenegger sostuvo que las modificaciones regirán para todos los vínculos laborales del sector privado sin distinción entre relaciones nuevas o previas: “la reforma laboral es para todos los empleos, no para los nuevos”, sostuvo.

Esto quiere decir que los cambios en indemnizaciones, vacaciones, licencias y otros puntos regirán para nuevos empleos y también para quienes ya estén trabajando. Un punto sobre el que el propio abogado que asesoró al Gobierno mantiene una posición contraria, para Julián de Diego varios aspectos de la normativa no podrían aplicarse automáticamente sobre contratos en curso debido a la presencia de derechos adquiridos. Esta tensión anticipa futuros conflictos legales y genera dudas sobre la implementación práctica de la reforma.

De acuerdo al texto -que ingresó el miércoles al Senado- se reduce la base de cálculo de las indemnizaciones porque excluye ítems como vacaciones, aguinaldo, propinas y premios; y se habilita a las pymes el pago en cuotas. Otra de las modificaciones son la partición de las vacaciones en tramos de al menos siete días, concedidas en cualquier momento del año. En cuanto a las licencias, tras una enfermedad prolongada la empresa puede optar por reubicar al empleado en otro ámbito.

Mirá También: Los movimientos populares reclamaron al Gobierno que tome medidas de emergencia frente a los aumentos en los precios de los alimentos. En una masiva asamblea en el Obelisco, señalaron que la quita del IVA a los productos de la canasta básica, anunciada la semana pasada por el presidente Mauricio Macri en un reconocimiento de la gravedad de la crisis, no alcanza para que las familias de menores ingresos puedan hacer en sus hogares dos comidas diarias. Los comedores de las organizaciones sociales están desbordados por la demanda y hay mucha preocupación por cómo va trasladarse la devaluación al costo de los alimentos de aquí a fin de año. Esta fue la primera concentración grande de movimientos sociales después de la derrota del oficialismo en las PASO, de la posterior disparada cambiaria y del lanzamiento del paquete de medidas para paliar los efectos de la inflación sobre las familias de menos ingresos (junto con la quita del IVA, que tuvo una aplicación dispar en los supermercados, el Gobierno dispuso dos refuerzos de mil pesos para los titulares de la Asignación Universal por Hijo). Los referentes barriales que hablaron en el Obelisco denunciaron, en este sentido, que el poco de dinero que tenían en el bolsillo quedó licuado por la suba de los precios. La protesta fue convocada por la CTEP, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Darío Santillán. Los reclamos principales fueron un refuerzo del 40 por ciento para los comedores, un aumento del 50 por ciento en el salario social y la extensión del bono de 2 mil pesos, que hasta ahora se anunció para los trabajadores formales, a los de la economía social. En la Plaza de la República, los organizadores instalaron un micrófono para que los manifestantes pudieran hablar. Prácticamente todos lo que lo usaron llamaron a cambiar el gobierno en las elecciones de octubre y respaldaron el proceso de unidad del Frente de Todos. “Hay dos relojes, uno que marca el tiempo social y otro que marca el tiempo político. El 11 de agosto se juntaron y les dimos una paliza importantísima”, señaló Rafael Klejzer, del Movimiento Popular La Dignidad. Hablaron responsables de comedores y merenderos e históricos militantes sociales, mientras a un costado de la concentración de los Cayetanos, el Frente de Organizaciones en Lucha -agrupación con una identidad más de izquierda- compartía con los asistentes un polentazo. Esta confluencia en un mismo lugar para la protesta de movimientos que están participando de la campaña del Frente de Todos con otros de la izquierda independiente es reflejo de la importancia que todo el arco de las organizaciones sociales le otorga a la necesidad de poner fin al gobierno macrista. La asamblea en el Obelisco fue organizada como preparatoria de una jornada nacional de lucha del próximo miércoles. En principio, los movimientos la habían organizado pensando que mientras estuvieran en el Obelisco iba a sesionar el Consejo del Salario para fijar un nuevo monto del salario mínimo, vital y móvil. Luego, a mediados de esta semana, el Gobierno postergó la sesión del Consejo para el 30 de agosto. El piso del salario mínimo determina el ingreso de los cooperativistas sociales, ya que el monto del salario social es siempre la mitad del salario mínimo. "Hacemos esta asamblea para definir un plan de lucha, para expresar que tiene que haber un aumento importante del salario y las jubilaciones", dijo Esteban "Gringo" Castro, titular de la CTEP. El referente responsabilizó al Gobierno por no dar resguardo a la población más humilde en el el escenario de devaluación y aumento de los precios. "Hay pibes que no comen más de una vez por día y abuelos en la misma situación. En los barrios todos los días nos piden que abramos más merenderos. La devaluación pega a los más pobres. Como organización de los trabajadores más pobres de la Argentina, tenemos que estar en la calle, reclamando por una agenda de inclusión y reconocimiento de derechos de la economía popular".

Sturzenegger es el arquitecto y la cara visible de la reforma laboral y la desregulación económica del Gobierno. Para él el principal problema del mercado laboral argentino no es la falta de derechos, o la pérdida de puestos de trabajo, sino el “exceso de regulación” que impide la creación de empleo. En cambio el asesor De Diego opina lo contrario: “no creo que esta reforma laboral cree más empleo registrado”. Y agrega que “si el país no tiene crecimiento económico, no se va a crear empleo”.

Personaje a quien el presidente Javier Milei bautizó como “el Coloso”, al ministro desregulador es el autor intelectual del DNU 70/2023 y de la Ley Bases. Dice que batalla contra “el modelo de la casta”, pero la representa y es símbolo de una motosierra que aplica contra las instituciones en general, y ahora en particular con los sindicatos. En síntesis, busca recortar los derechos de las mayorías y para eso necesita eliminar intermediarios que son escudo ante el ataque de un programa que deja aún más indefensa a la sociedad.

De Diego, contradice al ministro en un eje central al reconocer públicamente: “El empleo no va a crecer solo por cambiar leyes”. El asesor de Milei fue autor de la ley de ART en los años ´90, una norma declarada inconstitucional por la Corte Suprema de la Nación por limitar las indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo.

Explicaciones en redes

Las declaraciones de Sturzenegger fueron acompañadas por un extenso posteo en X. Allí distinguió al Consejo de Mayo como el ámbito de discusión, aunque Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) se ausentó en las últimas reuniones porque el borrador no reflejó sus objeciones ni propuestas. El líder sindical lo acusó de ser “mal intencionado” y de impulsar un planteo “extremadamente ideológico y antisindical”.

Mirá También: Panamericana: al menos tres muertos al desprenderse el contenedor de un camión

Tres pilares del proyecto, que resaltó Sturzenegger y recortan derechos:

*Modificación en la prelación de los convenios, que permite la prevalencia de los acuerdos por empresa sobre los pautados por actividad. Esto afecta a uno de los principales mandatos de la representación sindical y por tanto de la organización de los trabajadores para defender sus derechos.

*Reducción de los aportes patronales y creación de un fondo especial para despidos. A mediados de este año, el Gobierno había abierto la puerta a que los trabajadores también pudieran aportar a estos fondos y luego se descartó la propuesta.

*Régimen para trabajadores de plataformas. La ley garantizaría que puedan trabajar en los horarios que deseen, pero no carga a las empresas con la responsabilidad de proveer con elementos de seguridad a sus “colaboradores”.

En este sentido aseguró que habrá menos litigios porque se pondrá en marcha el traspaso de la justicia laboral nacional a la Ciudad y se eliminará el “viejo” principio de “duda a favor del trabajador”.

Sturzenegger es la cara visible de este nuevo orden, pero en el proceso participan abogados, empresarios, representantes de las provincias y del poder legislativo. La CGT que originariamente fue invitada al Consejo de Mayo terminó retirando su participación y movilizará el próximo jueves al Congreso en rechazo total de la propuesta.

Deja un comentario