La limitación a las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático ya es ley. El Senado aprobó el proyecto del Gobierno por 41 a favor y 21 en contra. El oficialista Frente de Todos fundamentó el respaldo a la iniciativa con la necesidad de “hacer más equitativa la distribución de recursos” del sistema previsional y reducir la “gigantesca asimetría” que beneficia a jueces, fiscales y diplomáticos. En tanto, Juntos por el Cambio utilizó como argumento para sostener su voto negativo el reclamo de una revisión de todos los régimenes «especiales». 

El recinto estuvo cruzado por una fuerte discusión política. Los legisladores de la alianza que gobernó hasta diciembre pasado afirmaron que el verdadero objetivo del proyecto era “el alineamiento partidario de la Justicia” para conseguir “impunidad y la revancha”.

Desde el FdT les reclamaron “un poquito de reflexión y humildad” a los legisladores que integraron un gobierno cuyo Presidente “intentó nombrar a dos jueces de la Corte Suprema por decreto”, que llevó adelante una “manipulación del sistema judicial asquerosa”; y que contrajo una deuda de 57 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que “no pasó por el Congreso”.

La ley sancionada por el Senado eleva del 11 al 18 por ciento el aporte que jueces y fiscales al sistema previsional general. Mantine como tasa de sustitución el 82 por ciento móvil, aunque el haber inicial de la jubilación se calculará sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones y no sobre el último sueldo como hasta ahora.

Además, la norma eleva la edad jubilatoria para los hombres que pasará de 60 a 65 años con una escala gradual que se completará en 2025, mientras que las mujeres del Poder Judicial mantendrán la edad jubilatoria de 60 años equiparada con el régimen general. En tanto, para los diplomáticos, la tasa de sustitución se reduce del 85 al 82 por ciento y también se calculará sobre la base del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas.

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El presidente de la comisión de Trabajo y Seguridad Social y miembro informante del oficialismo, el pampeano Daniel Lovera, abrió el debate afirmando que «no se busca eliminar el carácter diferencial del régimen» sino que «sea consecuente con el esfuerzo que se hace a nivel general para una distribución de los recursos más equitativa». «Este proyecto debe ser analizado de manera integral, y con mirada solidaria y en el contexto tremendamente complejo en el que se encuentra hoy nuestro país», explicó el senador por La Pampa.

«Estos regímenes especiales tienen un déficit importante», insistió Lovera y consideró que el «sistema previsional pasó de ser un sistema solidario a ser un sistema tremendamente injusto», ya que existe «una gigantesca asimetría». Además, el pampeno relató que «no se trata de una iniciativa aislada sino que es parte de un programa de gobierno» que tiene como premisa que «deje de ser la clase trabajadora la única que haga todos los esfuerzos en la Argentina».

Por su parte, el senador porteño Martín Lousteau defendió el dictamen de minoría de Juntos por el Cambio y reclamó la revisión de todos los regímenes especiales del sistema previsional. El economista radical sostuvo que los jueces y el Servicio Exterior tendría que pasar a formar parte del régimen previsional general, “si es que realmente queremos ser solidarios y atacar el problema de sustentabilidad que tiene el sistema”. Además, el senador opositor propuso que las jubilación de jueces y diplomáticos se calcule “como la de cualquier hijo de vecino”.

Lousteau (ex ministro de Economía y autor de la resolución 125), calificó el proyecto de “apresurado e improvisado”. Sostuvo que el proyecto fue una respuesta a un reclamo de la oposición luego que los diputados del oficialismo “escondieran” la decisión de no incluir a los jueces en la suspensión de la actualización automática de las jubilaciones.

Mirá También:  Los movimientos populares reclamaron al Gobierno que tome medidas de emergencia frente a los aumentos en los precios de los alimentos. En una masiva asamblea en el Obelisco, señalaron que la quita del IVA a los productos de la canasta básica, anunciada la semana pasada por el presidente Mauricio Macri en un reconocimiento de la gravedad de la crisis, no alcanza para que las familias de menores ingresos puedan hacer en sus hogares dos comidas diarias. Los comedores de las organizaciones sociales están desbordados por la demanda y hay mucha preocupación por cómo va trasladarse la devaluación al costo de los alimentos de aquí a fin de año. Esta fue la primera concentración grande de movimientos sociales después de la derrota del oficialismo en las PASO, de la posterior disparada cambiaria y del lanzamiento del paquete de medidas para paliar los efectos de la inflación sobre las familias de menos ingresos (junto con la quita del IVA, que tuvo una aplicación dispar en los supermercados, el Gobierno dispuso dos refuerzos de mil pesos para los titulares de la Asignación Universal por Hijo). Los referentes barriales que hablaron en el Obelisco denunciaron, en este sentido, que el poco de dinero que tenían en el bolsillo quedó licuado por la suba de los precios. La protesta fue convocada por la CTEP, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Darío Santillán. Los reclamos principales fueron un refuerzo del 40 por ciento para los comedores, un aumento del 50 por ciento en el salario social y la extensión del bono de 2 mil pesos, que hasta ahora se anunció para los trabajadores formales, a los de la economía social. En la Plaza de la República, los organizadores instalaron un micrófono para que los manifestantes pudieran hablar. Prácticamente todos lo que lo usaron llamaron a cambiar el gobierno en las elecciones de octubre y respaldaron el proceso de unidad del Frente de Todos. “Hay dos relojes, uno que marca el tiempo social y otro que marca el tiempo político. El 11 de agosto se juntaron y les dimos una paliza importantísima”, señaló Rafael Klejzer, del Movimiento Popular La Dignidad. Hablaron responsables de comedores y merenderos e históricos militantes sociales, mientras a un costado de la concentración de los Cayetanos, el Frente de Organizaciones en Lucha -agrupación con una identidad más de izquierda- compartía con los asistentes un polentazo. Esta confluencia en un mismo lugar para la protesta de movimientos que están participando de la campaña del Frente de Todos con otros de la izquierda independiente es reflejo de la importancia que todo el arco de las organizaciones sociales le otorga a la necesidad de poner fin al gobierno macrista. La asamblea en el Obelisco fue organizada como preparatoria de una jornada nacional de lucha del próximo miércoles. En principio, los movimientos la habían organizado pensando que mientras estuvieran en el Obelisco iba a sesionar el Consejo del Salario para fijar un nuevo monto del salario mínimo, vital y móvil. Luego, a mediados de esta semana, el Gobierno postergó la sesión del Consejo para el 30 de agosto. El piso del salario mínimo determina el ingreso de los cooperativistas sociales, ya que el monto del salario social es siempre la mitad del salario mínimo. "Hacemos esta asamblea para definir un plan de lucha, para expresar que tiene que haber un aumento importante del salario y las jubilaciones", dijo Esteban "Gringo" Castro, titular de la CTEP. El referente responsabilizó al Gobierno por no dar resguardo a la población más humilde en el el escenario de devaluación y aumento de los precios. "Hay pibes que no comen más de una vez por día y abuelos en la misma situación. En los barrios todos los días nos piden que abramos más merenderos. La devaluación pega a los más pobres. Como organización de los trabajadores más pobres de la Argentina, tenemos que estar en la calle, reclamando por una agenda de inclusión y reconocimiento de derechos de la economía popular".

La respuesta a los reclamos del economista llegó desde la banca del senador misionero y ex gobernador, Maurice Closs. “Llama la atención que la oposición que reclamó el proyecto y no dio el quórum para discutir la ley de Solidaridad Social, ahora va a votar en contra”, dijo y explicó; «los diputados del Frente de Todos no incluyeron a los jueces en la suspensión para evitar la judicialización de la ley». “Ustedes saben como actúa la Justicia”, les reprochó Closs a la oposición.

Por su parte, la radical jujeña Silvia Giacoppo acusó al oficialismo de querer “colonizar la justicia”. “Me sorprende la sobreactuación de republicanismo de la oposición”, replicó Anabel Fernández Sagasti. La senadora mendocina le recordó a los opositores, que fue Mauricio Macri “trató de imponer dos jueces de la Corte por decreto” y que el entonces oficialismo no esgrimió argumentos republicanos “cuando selló el acuerdo del FMI sin pasar por el Congreso”.

“Ahora repiten como mantra la consigna de que se quiere vaciar el poder judicial y colonizarlo” –insistió Sagasti y recordó que en su provincia el ex gobernador radical Alfredo Cornejo, nombró durante su mandato “100 jueces, un tercio de todos los magistrados de la provincia” para garantizarse no tener que atravesar los tribunales en su vuelta al llano.

El jefe del interbloque de senadores de JpC, Luis Naidenoff, sorprendió con un duro discurso contra una supuesta dualidad del Gobierno nacional y sus opiniones encontradas sobre distintos aspectos de la gestión y en especial con los “presos políticos”. “Usted va ganado por goleada”, chicaneó Naidenoff a Cristina Kirchner que presidía la sesión. Luego, el senador radical pasó a abundar sobre el proyecto para intervenir la justicia jujeña, CFK recogió el guante, lo interrumpió y le dijo que era una atribución de la presidencia advertir a un senador cuya intervención en el recinto se refiera a múltiples temas que nada tuvieran que ver con el proyecto en debate.

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Naidenoff entonces cargó contra el proyecto. Lo tildó de “gatopardista” por no cambiar nada. Dijo que la intención del proyecto es tener la “discreción del armado de los conjueces”. “Estamos discutiendo poder, como quedan las vacantes en la justicia porque quieren que responda a un alineamiento partidario: como justicia legítima”, sentenció el radical formoseño.

José Mayans, titular de la bancada del Frente de Todos, fue el encargado de cerrar el debate. Sostuvo que la Reparación Histórica “fue en realidad un blanqueo” que realizó el macrismo cuando la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo puso en jaque a las offshore: “Hay que blanquear, una idea generosa que con escaso impuesto se iba a volcar al sistema previsional. Toda una mentira”.

Mayans recordó que Cambiemos dejó un déficit en la Anses de 132 mil millones de pesos y de 632 mil millones en todo el sistema previsional. También le espetó a la bancada opositora “la asquerosa y vergonzosa manipulación del sistema judicial” y le cuestionó que “ahora les agarró un ataque de republicanismo de repente”.

La fuerte discusión política se dio en medio de un debate donde la suerte del proyecto estaba echada. Y el tablero electrónico de la votación lo ratificó.

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