Las pymes representan el 85 por ciento de la producción y demandan el 90 por ciento de mano de obra. La política económica del Gobierno las condena al achicamiento o al cierre.
El plan monetario de la conducción del Banco Central de Guido Sandleris se lleva a cabo bajo las directivas del FMI, cuyos funcionarios en Argentina se han instalado en oficinas de esa institución. Esta entrega de soberanía pulveriza el ideologismo neoliberal de “independencia” del BC. El FMI dirige desde esa dependencia pública la política económica y cómo se usan pesos y dólares. El programa monetario consiste en emisión cero para lograr déficit cero. Retirando la mayor cantidad de pesos circulantes con una muy elevada tasa de interés. El instrumento financiero de tal política es las Letras de Liquidez (Leliq), negociadas diariamente exclusivamente con bancos, a siete días y a casi el 60 por ciento anual.
Liberar la tasa de interés en un contexto de financierización no puede alcanzar otra resultante que su incremento desmesurado, ubicando a la Argentina como líder del ranking mundial de tasas. El objetivo es evitar que pesos se transformen en dólares. La realidad es que la demanda y fluctuación persistentes del dólar se deben a la dolarización de la economía y la obsesión de sectores financieros concentrados por atesorar (fugar). Sumado a una oferta inexistente de dólares genuinos, derivado del déficit de balanza comercial, siempre presente en toda política neoliberal.
La visión a-histórica y a-social inherente al neoliberalismo, generando mayor recesión e inflación como mecanismo de transferencia de ingresos de la sociedad al sector financiero implica, salvando diferencias de época y circunstancias, transitar el tortuoso camino hacia una debacle social y política, similar a la ocurrida en 2001.
En la economía real, tasa de intereses exorbitantes y persistentes genera estanflación que implica graves consecuencias sociales y entre ellas, la quiebra generalizada de pequeñas y medianas empresas, el consecuente desempleo y caída del salario.
Las pymes son determinantes para el crecimiento económico, con equidad e inclusión social, opuesto al neoliberalismo cuya esencia es concentrar y centralizar capital. Esas firmas soportan desde el primer día del gobierno de Cambiemos la apertura indiscriminada de importaciones más recesión e inflación creciente (estanflación), que provocan en promedio caída del 50 por ciento de las ventas. Además, padeciendo un incremento desmesurado del precio de los servicios y el intento frustrado del traslado de los costos de la devaluación de las empresas concentradas, integrantes de la cadena energética, a los usuarios de gas. Sin embargo, la sociedad saldará indirectamente ese seguro de cambio, ya que el Estado pagará con ingresos públicos la dolarización de sus crecientes beneficios.
Se transfieren ingresos de la sociedad al capital concentrado en el sector energético con nombre y apellido: Nicolás Caputo, Marcelo Mindlin, Paolo Rocca, con intereses económicos afines a funcionarios del más alto nivel del gobierno, incluido del directorio de Enargas.
Sintetizando el nuevo programa monetario: elevadísimas tasas de interés significan el “tiro del final” a las pymes y, por ende, al empleo. Es decir, liquidación de empresas y comercios porque esas tasa de interés usuraria implican multiplicar costos financieros e imposibilidad de la inversión productiva, dado que ninguna tasa de retorno podrá superar esos rendimientos financieros.
Intereses
No resulta creíble que el gobierno de Macri ignore que las pymes representan el 85 por ciento de la producción y demandan el 90 por ciento de mano de obra. Más bien debemos creer que se trata de una intencionalidad producto de un fundamentalismo ideológico, que sustenta intereses de grupos económicos concentrados, internalizado en Cambiemos.
Existen motivos más que contundentes de que las pymes deben ser protegidas y potenciadas. Se trata en su amplia mayoría de capitales nacionales que como tales evitan la transferencia de dólares que las empresas transnacionales realizan y aumentan la fuga de capitales. Sin embargo, el elemento esencial que determina la importancia social de las pymes se encuentra en que la amplia mayoría, son dependientes del mercado interno que, a su vez, depende del salario real. Es decir, la mayor potencialidad del mercado interno depende de que el incremento del salario sea superior a la inflación y esto, vía aumento de demanda, deriva en un mayor crecimiento de las pymes.
Sin olvidar que un salario real creciente no solo sustenta dignamente a sectores de ingresos fijos, como asalariados y jubilados, sino que beneficia vía el incremento de la demanda a sectores de clase media perceptor de ingresos variables, que incluye profesionales, pymes y comercios.
La heterodoxia económica asume como eje político la potencialidad de las pymes, precisamente porque se nutren del mercado interno y, a la vez, lo potencian generando desarrollo industrial con aumento de empleo, de poder adquisitivo y mayor equidad distributiva que, cerrando el círculo virtuoso, incrementarán beneficios empresariales
La ortodoxia desde su génesis –neoliberalismo en la actualidad– implica lo contrario. Es decir, generar intencionalmente desempleo para reducir el salario, que arrastra no solo a asalariados y jubilados sino a amplios sectores de clase media y, esencialmente, a las pymes, provocando la destrucción del aparato industrial nacional.
Finanzas
Toda política neoliberal implica necesariamente destrucción del mercado interno, que conlleva a la desindustrialización y, por ende, a la primarización como objetivo político. Los integrantes de AEA tienen como centro primordial de rentabilidad lo financiero y esto termina primarizando la economía. Se espera que la UIA no privilegie tal objetivo para que predomine el concepto que el crecimiento industrial, considere el mercado interno y la relación salario real-pymes.
El principio esencial neoliberal de que lo financiero se priorice sobre lo productivo resulta nefasto para las Pymes, para la sociedad y, en definitiva, para el país. El resultado es visible, según datos oficiales: 100 mil puestos de trabajo perdidos en la industria en tres años, caída del 2,5 por ciento del PIB en 2018 e inflación próxima al 50 por ciento.
Más allá de subjetividades, las clases medias objetivamente tienen intereses comunes con sectores de ingresos fijos representados sectorialmente por el movimiento sindical y organizaciones sociales, dentro del paraguas protector que es el mercado interno. Los sectores sociales de ingresos fijos y los sectores sociales medios que incluye a las pymes están en el mismo barco y pareciera que individual o sectorialmente no se dan cuenta –al menos– en el momento de votar.
En una especie de síndrome de Estocolmo colectivo –recurrentemente– segmentos sociales de ambos sectores eligen gobierno que generarán pobreza e indigencia creciente, derivado de la destrucción del aparato industrial. Adoptan una cosmovisión que no se corresponde con sus intereses, sino con los de sectores financieros concentrados generadores de su propia destrucción.
Tratemos política y democráticamente que este barco a la deriva que es el gobierno no arrastre a la mayoría de la población a un naufragio. La única manera de llegar a buen puerto para el próximo gobierno será priorizar la actividad productiva en general y la industrial en particular, cuyo centro gravitante del crecimiento económico deberán ser necesariamente las Pymes
