Nación recomendó declarar el estado de emergencia por sequía para 13 municipios

La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios se reunió hoy y recomendó declarar el estado de emergencia agropecuaria por sequía para 13 municipios bonaerenses, tras la solicitud del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. El Gobierno provincial ya había declarado la emergencia para esos distritos el 11 de noviembre pasado y se encuentra brindando asistencia a los productores afectados.

La reunión estuvo encabezada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, y contó con la participación del ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, junto a sus pares del resto del país.

La resolución comprende a los distritos de San Pedro, Rojas, Salto, Ramallo, Junín, Arrecifes, Alberti, Chascomús, Suipacha, Lobos, San Vicente, Magdalena y Dolores. De esta forma, Buenos Aires se convierte en la primera provincia en obtener tratamiento de la emergencia por la sequía que afecta vastamente a la región por parte del Gobierno nacional.

Una vez que avance la recomendación de la Comisión Nacional, los productores y productoras de esas localidades que hayan sido afectados por la reciente sequía podrán acogerse a los beneficios contemplados en la Ley N°26.509, entre los que se incluyen la prórroga de los vencimientos de los pagos de los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y de bienes personales; la prórroga del pago de los vencimientos de deudas bancarias (con un plazo de hasta 48 cuotas); la suspensión durante el plazo de la emergencia de la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados y la paralización de los juicios que estuvieran en trámite con el mismo fin.

Mirá También: Los movimientos populares reclamaron al Gobierno que tome medidas de emergencia frente a los aumentos en los precios de los alimentos. En una masiva asamblea en el Obelisco, señalaron que la quita del IVA a los productos de la canasta básica, anunciada la semana pasada por el presidente Mauricio Macri en un reconocimiento de la gravedad de la crisis, no alcanza para que las familias de menores ingresos puedan hacer en sus hogares dos comidas diarias. Los comedores de las organizaciones sociales están desbordados por la demanda y hay mucha preocupación por cómo va trasladarse la devaluación al costo de los alimentos de aquí a fin de año. Esta fue la primera concentración grande de movimientos sociales después de la derrota del oficialismo en las PASO, de la posterior disparada cambiaria y del lanzamiento del paquete de medidas para paliar los efectos de la inflación sobre las familias de menos ingresos (junto con la quita del IVA, que tuvo una aplicación dispar en los supermercados, el Gobierno dispuso dos refuerzos de mil pesos para los titulares de la Asignación Universal por Hijo). Los referentes barriales que hablaron en el Obelisco denunciaron, en este sentido, que el poco de dinero que tenían en el bolsillo quedó licuado por la suba de los precios. La protesta fue convocada por la CTEP, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Darío Santillán. Los reclamos principales fueron un refuerzo del 40 por ciento para los comedores, un aumento del 50 por ciento en el salario social y la extensión del bono de 2 mil pesos, que hasta ahora se anunció para los trabajadores formales, a los de la economía social. En la Plaza de la República, los organizadores instalaron un micrófono para que los manifestantes pudieran hablar. Prácticamente todos lo que lo usaron llamaron a cambiar el gobierno en las elecciones de octubre y respaldaron el proceso de unidad del Frente de Todos. “Hay dos relojes, uno que marca el tiempo social y otro que marca el tiempo político. El 11 de agosto se juntaron y les dimos una paliza importantísima”, señaló Rafael Klejzer, del Movimiento Popular La Dignidad. Hablaron responsables de comedores y merenderos e históricos militantes sociales, mientras a un costado de la concentración de los Cayetanos, el Frente de Organizaciones en Lucha -agrupación con una identidad más de izquierda- compartía con los asistentes un polentazo. Esta confluencia en un mismo lugar para la protesta de movimientos que están participando de la campaña del Frente de Todos con otros de la izquierda independiente es reflejo de la importancia que todo el arco de las organizaciones sociales le otorga a la necesidad de poner fin al gobierno macrista. La asamblea en el Obelisco fue organizada como preparatoria de una jornada nacional de lucha del próximo miércoles. En principio, los movimientos la habían organizado pensando que mientras estuvieran en el Obelisco iba a sesionar el Consejo del Salario para fijar un nuevo monto del salario mínimo, vital y móvil. Luego, a mediados de esta semana, el Gobierno postergó la sesión del Consejo para el 30 de agosto. El piso del salario mínimo determina el ingreso de los cooperativistas sociales, ya que el monto del salario social es siempre la mitad del salario mínimo. "Hacemos esta asamblea para definir un plan de lucha, para expresar que tiene que haber un aumento importante del salario y las jubilaciones", dijo Esteban "Gringo" Castro, titular de la CTEP. El referente responsabilizó al Gobierno por no dar resguardo a la población más humilde en el el escenario de devaluación y aumento de los precios. "Hay pibes que no comen más de una vez por día y abuelos en la misma situación. En los barrios todos los días nos piden que abramos más merenderos. La devaluación pega a los más pobres. Como organización de los trabajadores más pobres de la Argentina, tenemos que estar en la calle, reclamando por una agenda de inclusión y reconocimiento de derechos de la economía popular".

“Hay que resaltar la rápida respuesta del Gobierno provincial y del Estado nacional para acompañar y asistir a los productores afectados por estos eventos climáticos adversos, no sólo desde la declaración de la emergencia sino también a través de distintas herramientas específicas como líneas de financiamiento y aportes no reintegrables”, destacó Javier Rodríguez.

El 11 de noviembre último, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, había declarado la emergencia agropecuaria por sequía para esos 13 distritos bonaerenses y anunciado asistencia financiera para los productores afectados.

De esta forma, aquellos productores que hayan visto afectado entre el 50% y el 79% de su producción o capacidad de producción serán considerados en estado de Emergencia Agropecuaria y se les otorgará una prórroga del pago del impuesto Inmobiliario Rural.

En tanto, aquellos productores que hayan sufrido una afectación de entre 80% y 100% entrarán en la categoría de Desastre Agropecuario y serán eximidos del pago del impuesto rural, en proporción al porcentaje de afectación.

Además, el Gobierno provincial puso a disposición distintas líneas de financiamiento para mitigar el impacto de la emergencia climática que afectó a estas regiones, destinadas principalmente a pequeños y medianos productores.

El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense ofrece un Aporte no Reintegrable para la Agricultura Familiar ante eventos climáticos adversos que otorga montos de hasta $200.000, destinados a la recomposición de la infraestructura dañada, la adquisición de insumos productivos para reiniciar el ciclo de producción y la reposición de animales muertos o afectados.

También cuenta con una Línea de Financiamiento Ante Eventos Climáticos Extremos con montos de hasta $1,5 millones y tasa del 35% para el reinicio del ciclo productivo, y otra de Financiamiento para Prevención y Mitigación de Emergencias.

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Por su parte, el Banco Provincia cuenta con Financiamiento para Afectados por Fenómenos Naturales para solventar el costo de reparación de los daños materiales sufridos en los inmuebles o en un vehículo de su propiedad -siempre que no hayan sido cubiertos por la compañía de seguros-, con una tasa de interés fija de entre 37% y 39%; y además ofrece una línea de financiamiento específica para Emergencia por Sequía.

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