El Presidente recibió a los gobernadores provinciales para coordinar una cuarentena total en el país e intentar achatar la curva de infectados por coronavirus. La medida rige desde las 0 horas del viernes hasta fin de mes.

El presidente Alberto Fernández estableció lo que se denominó «aislamiento social preventivo obligatorio», una cuarentena general, desde la 0 hora del viernes 20 hasta las 24 del martes 31 de marzo. La decisión, que calificó de «excepcional en un momento excepcional», fue anunciada luego de un encuentro con todos los gobernadores en la quinta de Olivos. Explicó que era al efecto de reducir todo lo posible la curva de contagios por la epidemia de coronavirus de manera que los nuevos casos puedan ser tratados adecuadamente por el sistema de salud. Argumentó que debió llegar a esta drástica decisión debido a que las 30 medidas tomadas hasta el momento no alcanzaron a convencer a toda la población de la conveniencia de quedarse en sus casas para evitar la propagación del virus. Habrá actividades exceptuadas para garantizar el abastecimiento de rubros esenciales como alimentos, medicamentos y combustibles. «El primer deber de un gobernante es garantizar cuidar la salud y la integridad física de los habitantes. Si nos quedamos en casa, nos preservamos todos», definió. El texto del DNU publicado en el Boletín Oficial le otorga la posibilidad de prorrogar la cuarentena «el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica».

La medida establece que las personas deberán permanecer en su casa o en la casa en la que se encontraban a las 0 de este viernes. A partir de ahí prohíbe la libre circulación por rutas y espacios públicos, estableciendo excepciones de desplazamiento mínimos para adquirir productos indispensables en comercios de proximidad, supermercados, farmacias, veterinarias y ferreterías. Hay una lista de actividades exceptuadas porque se consideraron necesarias en la urgencia, como los casos de personas que se desempeñan en las áreas de Salud, Seguridad, Defensa, Migraciones y Bomberos. También las autoridades políticas de los gobiernos nacional, provinciales y municipales, el servicio diplomático y un mínimo de funcionarios del Poder Judicial. Seguirán operando comedores escolares y comunitarios, lo mismo que los medios de comunicación, el transporte público, las estaciones de servicio, la recolección de residuos, personas que trabajan en la asistencia de otras y quienes se desempeñen en la industria en rubros esenciales. Los cajeros automáticos también permanecerán activos.

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Fernández advirtió que las fuerzas de seguridad garantizarán el cumplimiento de la norma y será inflexible con quienes no la cumplan. Ayer se registraron 31 nuevos casos y ya son 128 los contagiados por el Covid-19 en todo el país. Nuevamente, la mayoría correspondieron a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires. Pese al aumento de casos, una de las noticias del día fue la cantidad de vehículos que hicieron fila desde primera hora para ingresar a lugares de veraneo como Pinamar o Villa Gesell, ignorando las recomendaciones oficiales de restringir todo lo posible los movimientos y de no tomarse la cuarentena como un período de vacaciones. Para que se sienta un poco menos el parate, el Gobierno moverá feriados. A los ya establecidos para el lunes 23 y el martes 24, se les sumará el del jueves 2 de abril que pasará al martes 31 de marzo, mientras que el lunes 30 será un feriado puente. En definitiva, de los ocho días inicialmente hábiles abarcados por la cuarentena, la mitad serán feriados.

La cuarentena general, recomendada por los especialistas en salud, había quedado casi resuelta luego del encuentro con los jefes de los bloques legislativos del miércoles. Casi todos los opositores se expresaron a favor de endurecer las medidas de prevención. Pero quedaba pendiente una conversación con los gobernadores, porque para que el operativo sea efectivo será indispensable la coordinación de las fuerzas nacionales con las provinciales. Otro de los objetivos de la decisión que se adoptó tiene que ver con la necesidad de unificar criterios en todo el país. Se habían registrados casos de intendentes que habían cerrado sus municipios, gobernadores que habían adoptado una decisión similar en las provincias y otros que no. En definitiva, urgía establecer un criterio común, que ahora se extenderá por igual a todo el territorio nacional.

Mirá También:  Los movimientos populares reclamaron al Gobierno que tome medidas de emergencia frente a los aumentos en los precios de los alimentos. En una masiva asamblea en el Obelisco, señalaron que la quita del IVA a los productos de la canasta básica, anunciada la semana pasada por el presidente Mauricio Macri en un reconocimiento de la gravedad de la crisis, no alcanza para que las familias de menores ingresos puedan hacer en sus hogares dos comidas diarias. Los comedores de las organizaciones sociales están desbordados por la demanda y hay mucha preocupación por cómo va trasladarse la devaluación al costo de los alimentos de aquí a fin de año. Esta fue la primera concentración grande de movimientos sociales después de la derrota del oficialismo en las PASO, de la posterior disparada cambiaria y del lanzamiento del paquete de medidas para paliar los efectos de la inflación sobre las familias de menos ingresos (junto con la quita del IVA, que tuvo una aplicación dispar en los supermercados, el Gobierno dispuso dos refuerzos de mil pesos para los titulares de la Asignación Universal por Hijo). Los referentes barriales que hablaron en el Obelisco denunciaron, en este sentido, que el poco de dinero que tenían en el bolsillo quedó licuado por la suba de los precios. La protesta fue convocada por la CTEP, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Darío Santillán. Los reclamos principales fueron un refuerzo del 40 por ciento para los comedores, un aumento del 50 por ciento en el salario social y la extensión del bono de 2 mil pesos, que hasta ahora se anunció para los trabajadores formales, a los de la economía social. En la Plaza de la República, los organizadores instalaron un micrófono para que los manifestantes pudieran hablar. Prácticamente todos lo que lo usaron llamaron a cambiar el gobierno en las elecciones de octubre y respaldaron el proceso de unidad del Frente de Todos. “Hay dos relojes, uno que marca el tiempo social y otro que marca el tiempo político. El 11 de agosto se juntaron y les dimos una paliza importantísima”, señaló Rafael Klejzer, del Movimiento Popular La Dignidad. Hablaron responsables de comedores y merenderos e históricos militantes sociales, mientras a un costado de la concentración de los Cayetanos, el Frente de Organizaciones en Lucha -agrupación con una identidad más de izquierda- compartía con los asistentes un polentazo. Esta confluencia en un mismo lugar para la protesta de movimientos que están participando de la campaña del Frente de Todos con otros de la izquierda independiente es reflejo de la importancia que todo el arco de las organizaciones sociales le otorga a la necesidad de poner fin al gobierno macrista. La asamblea en el Obelisco fue organizada como preparatoria de una jornada nacional de lucha del próximo miércoles. En principio, los movimientos la habían organizado pensando que mientras estuvieran en el Obelisco iba a sesionar el Consejo del Salario para fijar un nuevo monto del salario mínimo, vital y móvil. Luego, a mediados de esta semana, el Gobierno postergó la sesión del Consejo para el 30 de agosto. El piso del salario mínimo determina el ingreso de los cooperativistas sociales, ya que el monto del salario social es siempre la mitad del salario mínimo. "Hacemos esta asamblea para definir un plan de lucha, para expresar que tiene que haber un aumento importante del salario y las jubilaciones", dijo Esteban "Gringo" Castro, titular de la CTEP. El referente responsabilizó al Gobierno por no dar resguardo a la población más humilde en el el escenario de devaluación y aumento de los precios. "Hay pibes que no comen más de una vez por día y abuelos en la misma situación. En los barrios todos los días nos piden que abramos más merenderos. La devaluación pega a los más pobres. Como organización de los trabajadores más pobres de la Argentina, tenemos que estar en la calle, reclamando por una agenda de inclusión y reconocimiento de derechos de la economía popular".

Los gobernadores llegaron por la tarde a la quinta de Olivos, donde los recibió Fernández con casi todo su gabinete. Los ministros expusieron acerca de las medidas que fueron tomando en los últimos días. En ese sentido, el ministro de Economía, Martín Guzmán, fue consultado por el paquete de 700 mil millones de pesos lanzado para contrarrestar la parálisis de la cuarentena. Fernández insistió luego que habrá también una ayuda para monotributistas y trabajadores eventuales. Hablaron casi todos los gobernadores. Hubo tres que participaron por videoconferencia –el de Catamarca, Raúl Jalil; el de Mendoza, Rodolfo Suárez; y el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella–, mientras que Axel Kicillof no estuvo porque realizó sus propias reuniones con intendentes bonaerenses: llegó a la quinta directamente en helicóptero desde La Plata para el anuncio. Una de las grandes preocupaciones es lo que pueda suceder con el virus en el Conurbano.

Una inquietud que expresaron los gobernadores fue su imposibilidad de pagar los sueldos provinciales con la merma que seguramente sufrirá la recaudación. El Gobierno contó que tenía sus propios grandes problemas en el rubro, pero que buscaría también atender esa urgencia. El ministro de Salud, Ginés González García, planteó cuatro escenarios de posible desarrollo de la pandemia en el país que dejó a todos muy preocupados. Incluso en el caso del escenario más leve, como el denominado «intermedio temprano», plantea una duplicación de casos cada tres días hasta el 31 de marzo y a partir de ahí se conseguiría un aplanamiento de la curva gracias a la cuarentena estricta, copiando lo sucedido en China. Al oír este pronóstico, los gobernadores se mostraron obviamente más convecidos que antes de la necesidad de adoptar todas las medidas que hicieran falta, cuanto antes.

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Fernández se presentó en la sala de conferencias de Olivos junto a dos representantes de la oposición –el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales– y dos del oficialismo –el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el santafesino, Omar Perotti–. «Seguimos teniendo el problema de gente que no entiende que no puede circular por las calles», remarcó el Presidente, que presentó el decreto como una medida excepcional en el marco de lo que la democracia permite. Respecto de eso, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, explicó que las Fuerzas Armadas sólo actuarán en las tareas de colaboración que les pida el Gobierno pero no en seguridad, dado que lo tienen prohibido por ley. Fernández tomó como «una bendición de Dios» que la enfermedad que se inició en China llegara unos meses después al país, porque –dijo– «nos dio tiempo para prepararnos».

Hubo dos textos posteriores. Por un lado, una «carta abierta» del Presidente a los argentinos, donde desarrolló algunos argumentos. Consideró que la Argentina estaba en riesgo y que esta pandemia «es el problema de salud más grave que hemos tenido en toda nuestra vida democrática». Luego se conoció el decreto de necesidad y urgencia que entraba en vigencia al primer minuto del viernes, en el que calificó las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio de «vital importancia» para controlar la pandemia para la que todavía la medicina no cuenta con una solución.

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