La diputada libertaria y senadora electa Lorena Villaverde -ligada al empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos Fred Machado- sigue sumando denuncias. Esta semana se conoció la presentación de una extrabajadora que reclama por irregularidades en la registración, salarios impagos y malos tratos en su residencia del barrio privado Los Patricios II, en Cipolletti, Río Negro.
En el plano legislativo, Villaverde también enfrenta nubarrones: no jurará este viernes en la sesión preparatoria y su diploma volverá a ser analizado en la Comisión de Asuntos Constitucionales tras las numerosas objeciones que se presentaron por causas de drogas en Estados Unidos y de estafas en Río Negro.
La denuncia de la trabajadora expone un vínculo de absoluta informalidad: personal doméstico no registrado, jornadas extensas, salarios adeudados, tareas que exceden cualquier convenio y un clima de maltrato que, según nuevos testimonios, no sería un episodio aislado, sino un patrón sostenido en el tiempo con otros empleados más.
En el telegrama, la trabajadora señaló que Villaverde le adeudaba la totalidad del salario de mayo, una cifra que supera el millón de pesos, y le reclamó que se regularice su situación laboral. La diputada nunca respondió. Ese silencio, sumado a un clima de maltrato verbal y destrato cotidiano, llevó a la empleada a enviar un segundo aviso donde afirma considerarse despedida por exclusiva responsabilidad de la patrona.
Pero lo que convierte este caso en un cuadro aún más grave es que no se trata de un hecho aislado. Según nuevos testimonios, otras trabajadoras que pasaron por la casa de Villaverde describen situaciones similares: insultos, gritos, humillaciones, exigencias fuera de horario y tareas que excedían de manera grosera cualquier definición de empleo doméstico. Varios de esos testimonios coinciden en un punto central: el maltrato sería una práctica habitual en la relación laboral que la diputada mantiene con su personal.
El silencio de Villaverde nuevamente contrasta la contundencia de los documentos y los relatos que comienzan a hacerse públicos en la Patagonia. El telegrama enviado en agosto funcionó como la primera grieta en una pared que parecía infranqueable: detrás de los muros de un barrio cerrado, una trabajadora maltratada decidió dejar un registro formal de lo que vivió.
La presentación, que fue hecha primero en el Juzgado de Paz de Cipolletti, avanza en el fuero laboral y podría derivar en sanciones por salarios impagos, falta de registración y violencia laboral. Por primera vez, los hechos que ocurrieron puertas adentro empiezan a hacerse visibles. Y en Cipolletti, muchos se preguntan lo mismo: ¿Cuántas trabajadoras más atravesaron situaciones similares?
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