Fallas y reducción de presupuesto contra la violencia de género

La implementación de políticas integrales todavía está lejos de cumplir las promesas hechas: 10 refugios en lugar de los 36 anunciados, menos presupuesto y falta de capacitación son algunos rasgos de la desigualdad. De los 36 refugios para mujeres sobrevivientes de violencia machista que prometió hacer el Gobierno de Mauricio Macri entre 2017 y 2019, apenas se construyeron y equiparon 10, según informó el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Pero 8 de los 10 se habían empezado durante la gestión anterior. Recién el mes pasado comenzaron las capacitaciones al cuerpo de abogados que ofrecerá patrocinio jurídico gratuito a las víctimas. Pero el servicio estará disponible a partir del trimestre del año próximo y no en todo el país: solamente en NOA, NEA, La Plata y Neuquén. Las tobilleras electrónicas para monitorear a los agresores se están entregando apenas en 15 jurisdicciones, pero sirven solo si en la zona hay señal para celular. Los datos muestran que la implementación de políticas integrales en materia de violencia de género, a tres años y medio de la primera marcha de Ni Una Menos, todavía es una deuda pendiente. A eso se suma una reducción del Presupuesto 2019 del INAM del 7 por ciento en términos reales, en relación a 2018. De los 750 millones de pesos del presupuesto que prevé el Plan Nacional contra la violencia de género, anunciado por el presidente Macri en 2016, 600 millones estaban destinados a la construcción de los 36 refugios, es decir el 80 por ciento de los fondos. La construcción de los refugios quedó a cargo del Ministerio del Interior y Obras Públicas de la Nación. Según informó el INAM, hay tres hogares en construcción en La Plata, Quilmes y Junín, todos municipios a cargo de intendentes de Cambiemos: tienen un presupuesto de 40 millones de pesos y supuestamente estarían terminados en 2019. Desde el organismo que encabeza Fabiana Túñez se informó que “se decidió un cambio de estrategia en la modalidad de trabajo con hogares priorizando el fortalecimiento de los hogares de protección integral existentes y a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la materia para garantizar una atención integral, de conformidad con el Plan y con los nuevos modelos de atención a nivel mundial que se alejan de la lógica de refugios y apuntan a la creación de espacios donde el foco este puesto en el empoderamiento de las mujeres en entornos cercanos a sus redes de contención”. La tercerización es una característica de la gestión Cambiemos: los Centros Integrales de la Mujer de la ciudad de Buenos Aires están ahora a cargo de ONG con convenios con el Estado. Uno de los problemas de esta política es el control de la atención que se brinda a las mujeres. La construcción de refugios, el patrocinio jurídico gratuito y el monitoreo a través de tobilleras fueron tres de las demandas que el 3 de junio de 2015 reclamó una multitud frente al Congreso. También se pidió por la apertura de Oficinas de Violencia Doméstica en todas las provincias, como la que depende de la Corte Suprema de la Nación y funciona en la ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento, solo cinco provincias replicaron la experiencia  –Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz y La Pampa– pero en ningún caso atienden con horarios extendido ni fines de semana. Salvo en La Pampa, en las otras cuatro provincias también se pusieron en funcionamiento OVD en localidades del interior provincial. Pero faltan políticas integrales. Queda claro que no es lo mismo ser víctima en el ámbito porteño, donde se concentran numerosos dispositivos de atención –dependientes de la Corte, del Ministerio Público Fiscal, de la Defensoría General de la Nación, de la justicia local y del gobierno porteño, además de ONG especializadas– que en una localidad rural del interior de la provincia de Corrientes. Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género, de la Defensoría del Pueblo bonaerense, publicó un informe crítico de las políticas públicas específicas en la provincia. “Esta deuda en materia de derechos humanos de las mujeres y personas trans y travestis, se agravó en el último tiempo con el deterioro y desmantelamiento de 3 programas gubernamentales como así también con la reestructuración y reducción de áreas y organismos dedicados a la problemática, en los distintos niveles del Estado”, denunció en relación a la gestión de María Eugenia Vidal. Buenos Aires, es la provincia en la que se registran la mayor cantidad de femicidios, por ser la más poblada: 84, de los 260 contabilizados en todo el país, entre el 1 de enero y el 16 de noviembre de este año, por el Observatorio “Ahora que sí nos ven”.