A Pedro lo deportaron sin haber sido notificado previamente cuando fue a renovar su documento de residencia precaria en Migraciones. Le sacaron fotos, lo subieron a un patrullero cero kilómetro y mientras lo bajaban y subían varias veces lo filmaron: “El primer deportado de Patricia Bullrich y Milei”, escuchó que decían. Después de montar ese show Pedro permaneció tres días detenido, incomunicado, y luego deportado sin posibilidad de despedirse de su compañera y sus tres hijxs.
Ese día Pedro estaba acompañado de su esposa, Paola, quien desesperada empezó a llamar a un teléfono que le dieron allí mismo pero no sirvió de nada. Unos años atrás Paola y Pedro discutieron, sus vecinxs lo denunciaron por violencia de género y amenazas. Pedro cumplió lo que le impuso un tribunal que lo juzgó. “Fue la única vez que tuvimos una discusión fuerte, los vecinos escucharon gritos y lo denunciaron. No sé si esto nos pasa por pobres o porque él es negro, no escucho que deporten europeos blancos. Me pregunto por qué se la agarran con un laburante que tiene tres hijos y es sostén de familia”, cuenta Paola con angustia, mientras un llanto incontenible detuvo su relato en varias oportunidades.
La última vez que fue a renovar la residencia precaria Pedro estaba entusiasmado, pensando que como le habían prometido conseguiría su documento definitivo. “Ese día Pedro salió a fumar, mientras yo estaba adentro esperando que nos llamen. En eso veo que se puso hablar con un hombre, se agarró la cabeza y me llamó. El hombre nos dijo que lo iban a deportar, que estaba notificado desde el 2022 pero nosotros nunca recibimos nada”, recuerda Paola.
Pedro permaneció cuatro días detenido y luego fue inmediatamente deportado sin posibilidad de defenderse. “Lo deportaron a la madrugada, como si fuera un narcotraficante o un delincuente. El es hipertenso y lo tuvieron hasta el lunes sin medicación, yo mandé medicación con un conocido pero no dejaron que la reciba. Ni dejaron que se despida de nosotros”, se lamenta Paola que ahora se convirtió en jefa de hogar, no tiene empleo fijo, hace algunas changas y se pregunta cómo va hacer para pagar el alquiler cuando el principal ingreso de la familia era el que sostenía Pedro. «Es injusto, mi hijito llora todas las noches, tiene seis años y dormía de la mano de su papá. No sé cómo voy hacer ahora. Pedro está en la casa de un familiar, desesperado por volver.”
Deportaciones ilegales
“La detención de Pedro es ilegal, no correspondía porque él tenía una condena en suspenso de un año y seis meses y lo deportan por el artículo 29 inciso C, que establece según la Ley de Migraciones otro tipo de delitos de penas mayores”, explica Zulema Montero, abogada de la familia y asegura que en los últimos meses se produjeron varias deportaciones similares a la que vivió Pedro donde separan familias con muchos años de arraigo en el país. “Con una deportación la que sufre y lleva la mayor carga es la mujer como en el caso de Pedro, que era el principal sostén económico de la familia, al ser expulsado esta familia queda en una situación de total vulnerabilidad porque ella tiene que ocuparse de los hijos y del trabajo. Los chicos extrañan al padre, yo lo vi a Pedro como se le caían las lágrimas del dolor y la bronca cuando iba a ser expulsado», recuerda Zulema.
En las últimas expulsiones que se produjeron las personas no son debidamente informadas que serán deportadas. En ese sentido, Zulema advierte: “Lo grave es que no se notifica a la persona fehacientemente de la expulsión para darle la posibilidad de presentar los recursos que le corresponden por derecho, como es el de reconsideración que existe con la ley vigente, por ende, no hay una legítima defensa, ni un debido proceso. En el caso de Pedro él desconocía su situación y es todo tan cruel que él iba a Migraciones a renovar la precaria paulatinamente y nunca se le alertó que tenía una expulsión, jamás lo notificaron allí.”
Los jueces que intervinieron en el caso de Pedro tampoco tuvieron en cuenta que es padre de un niño de seis años. Zulema explica que el artículo 70 de la Ley de Migraciones establece que cuando el sector de Migraciones tenga conocimiento que la persona a expulsar posee hijxs en el país, basta con que lo denuncie la propia persona para que se pueda dejar sin efecto la expulsión, es una atribución que tiene migraciones, pero en este caso tampoco hicieron lugar. “Nos tratan como si los migrantes fuéramos los causantes de la inseguridad, pero eso no es cierto, se sabe muy bien que apenas un seis por ciento de la población carcelaria a nivel nacional es migrante, entonces es una falsedad muy grande. Lo hacen simplemente para estigmatizarnos y buscar chivos expiatorios para decir ‘estamos expulsando’, asegura Montero.
La letrada aclara que aunque una persona haya cometido una contravención, un delito o una infracción quien debe intervenir es la justicia penal que condena a la persona, cumple su condena y luego caduca esa condena. “Incluso cuando caduca la condena desaparece el antecedente penal, pero estas últimas expulsiones son de por vida. Para mí la expulsión es una doble condena porque una vez cumplida la condena, migraciones nuevamente la condena con la expulsión sin considerar el ámbito familiar y el arraigo. Aquí se construyen las familias y los vínculos y mucha gente está con temor de ser expulsada y la angustia no es solamente para el que va a ser expulsado, la angustia mayor es para las mujeres y sus hijos. El sufrimiento es indescriptible”, asegura Zulema.
Persecusión a travestis migrantes y trans
La persecución hacia migrantes se recrudece cuando se trata de mujeres travestis y trans, en especial, quienes provienen de países limítrofes que es la principal migración que recibe el país. Son trabajadoras sexuales que en su mayoría residen en la Ciudad de Buenos Aires. «Lo que nosotras identificamos y venimos denunciando hace tiempo desde el espacio Casa Roja es una razia, un blanqueamiento y una persecución por la identidad de género, la clase y la raza, que se vio ahora exacerbado y justificado a través del decreto de necesidad de urgencia 366-2025 que expidió Javier Milei”, asegura Mely Sánchez Rincón, politóloga colombiana, integrante de la Consejería Migrante de Casa Roja, un espacio de acompañamiento socio jurídico que pertenece al sindicato Ammar.
El decreto que emitió el Gobierno Nacional en mayo de este año estigmatiza a las personas migrantes acusándolas de migrar para hacer uso de la salud y la universidad pública, también las criminaliza asociándolas a la delincuencia. Este decreto obstaculiza aún más el proceso de radicación en el país para las personas migrantes, en el caso de las mujeres travestis y trans resulta más complejo.
Para acceder a un documento de identidad que respete su identidad de género la persona migrante primero debe atravesar un proceso de regularización de cuatro a cinco años para obtener un documento permanente. “Esta ausencia del Estado de poder garantizar el derecho a la identidad y a una documentación acorde, que le permita mantener su permanencia de manera regular en el país, con un decreto en donde persigue cualquier tipo de irregularidad en la comunidad migrante, las perjudica el doble. Por ende, si unimos esos factores: que son compañeras que ejercen un trabajo informal y estigmatizado, las han convertido en el principal foco de persecución de la Policía de la Ciudad”, explica la politóloga.
Sanchez Rincón asegura que en estos casos lo que se está intentado hacer son expulsiones exprés: “Al retenerte en la calle se hace un cruce desde el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial de la Ciudad, con la Dirección General de Migraciones y se verifica que esas compañeras estén regularizadas o no. En su mayoría las órdenes de expulsión que estamos recibiendo son compañeras que han cometido algún delito menor y se encuentran en etapa de investigación, o incluso han convenido hacer alguna suspensión de juicio a prueba, o que ya se han puesto a derecho con la justicia, o no han podido certificar un sello de ingreso al país que sea catalogado como los pasos regulares fronterizos.”
Desde Casa Roja, junto a sus abogadxs están trabajando a fin de evitar esas expulsiones. Poseen un espacio de asesoría migrante, que integra Sánchez Rincón junto a otras compañeras, para la promoción de los derechos no solo de las mujeres travestis y trans migrantes, tamibén está abierto a cualquier vecinx migrante del barrio de Constitución que necesite asesoramiento. Funciona los miércoles de 16 a 18 en Filiberto 1745, CABA.
“Nosotras articulamos con los organismos de defensa correspondientes dentro del Poder Judicial para que nos asistan en el derecho que tiene cualquier habitante que está en suelo argentino que es el derecho a la defensa. Estamos trabajando sobre todo en rebatir una decisión que es absolutamente racista y discriminatoria como la decisión de modificar el artículo 6 de la Ley de Migraciones que proclama que el acceso igualitario a la comunidad migrante va a ser tratada según su categoría migratoria, es decir, que el acceso a derechos básicos como trabajo, salud, seguridad social y educación va a estar sujeta al documento que posea la persona migrante”, explica Sánchez Rincón y agrega: “Con ese criterio un migrante con un documento de identidad temporario no va a poder acceder a sus aportes en caso de, por ejemplo, tener un empleo formal y en virtud de eso se siguen vulnerando derechos que violan la Constitución Nacional.”
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