Si bien las 20 mil fojas que componen el denominado “Informe Marchi” son una recopilación de los hallazgos de auditoría y de toda la documentación complementaria con la que ya cuenta la comisión, su titular Carolina Gaillard pidió contar con esos elementos cuando Marchi deba comparecer. En datos duros, la auditoría que realizó la Corte comienza en 2008 y culmina en 2021 por lo que sus observaciones salpican a 360° porque atraviesan las presidencias de Lorenzetti y Rosenkrantz, quedando a las puertas de la asunción de Rosatti. Desde 1961 hasta 2018 las decisiones de superintendencia fueron delegadas en la presidencia hasta que otra acordada pulverizó esas facultades ya durante la gestión Rosenkrantz, devolviendo al pleno esas atribuciones.
En lo respectivo a su administración, al registro de su contabilidad y al mecanismo decisional de asignación de fondos los testimonios recogidos por la comisión la semana pasada y las observaciones de auditoría son lapidarios. Más allá de que constituya o no una causal de juicio político de acuerdo a la óptica del oficialismo, es incomprensible que nunca se haya efectivizado una intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Hasta ahora, no se ha corroborado todavía que exista un desvío de dinero hacia algún beneficiario en particular pero sí múltiples incongruencias en los modos de contratación directa, en el manejo del stock de medicamentos y en la ausencia total de registros contables. Todo eso, en definitiva, afecta de manera directa e indirecta a los afiliados que debían gozar de protección a los servicios de salud que debían recibir. La ausencia de profesionalismo con el que se manejó administrativamente la cobertura de casi 100 mil afiliados asombra.
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