El fallo advierte que “obstaculiza el acceso” y “pone en peligro a la comunidad escolar”

En la Ciudad de Buenos Aires existe una calle que, como tal, debería ser de acceso público. Pero fue cerrada con un alambrado hace casi cinco años, a solicitud de la familia de Comodoro Py, que pidió que el estacionamiento sea “más seguro”. Entre otros derechos, la decisión del Gobierno de la Ciudad vulneró los de la comunidad educativa de la escuela infantil 5 y la escuela primaria 25 Bandera Argentina, del Polo Educativo Mugica, que quedan justo frente a la calle Letonia, en el barrio 31. Desde entonces el alambrado protege los autos de los jueces de Py, pero a cambio de desprotege a los chicos y chicas que tienen que caminar más de dos cuadras desde donde los puede dejar el transporte escolar, además de tener obstaculizado el paso de los servicios de emergencia y de cualquier vehículo que deba acercarse a la escuela. Tras todos estos años de reclamos, la Justicia ordenó al Gobierno porteño que quite el alambrado que rodea a las escuelas. Ayer, familias y docentes realizaron un acto en el lugar para celebrar la decisión y pedir que se haga efectivo en forma urgente el fallo judicial. “La existencia de la alambrada impide el uso de la calle Letonia  y obstaculiza el acceso del transporte escolar, de los servicios de emergencia y de todo vehículo idóneo y necesario para garantizar una eventual evacuación”, advirtió la jueza Patricia López Vergara en su resolución. En efecto, las familias y docentes presentes en el acto mostraron fotos y videos de lo que ocurre, por ejemplo, cuando una ambulancia del Same debe asisitir ante un accidente: tiene que cubrir el trayecto llegando a la puerta de la escuela por la vereda. Es decir que la única manera de cumplir con su servicio de atención, es cometiendo una falta grave de tránsito, y poniendo en peligro también a los peatones. La abogada Miriam Medina, integrante de la asociación civil Compromiso Ciudadano, acompañada por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), inició en octubre de 2019 un amparo contra el Gobierno de la Ciudad, en representación de los niños, niñas y adolescentes del barrio 31 y 31 bis. “El gobierno porteño colocó ese alambrado sobre la vereda del Polo Educativo Mugica soslayando toda la normativa vigente, ocupando el espacio público, obstaculizando el acceso del transporte escolar, de los servicios de emergencia, y de todo vehículo necesario para garantizar la evacuación ante una eventual situación de urgencia. Puso en gravísimo peligro a los niños, a los docentes, a los familiares, en fin, a toda la comunidad educativa“, explicó. Y resaltó que “el fundamento, las razones por las que el Gobierno colocó ese alambrado, ha sido solamente beneficiar la seguridad de los automóviles del personal del poder judicial de Comodoro Py. A la calle Letonia la cedieron al solo efecto de que estacionen los jueces de Comodoro Py”.

Ciudadanos de segunda

“Playa Judicial. Solo vehículos autorizados”. El cartel que da la bienvenida al estacionamiento de Comodoro Py está hecho para expulsar al transeúnte. El detalle es que, en este caso, los transeúntes son en su inmensa mayoría quienes van a la escuela, chicos, docentes, familias. Héctor Guanco cuenta que pasó frente a ese cartel cada día para llevar a La Banderita a sus seis hijos. Es uno de los querellantes, al igual que varios padres y madres de la escuela. “Como papá y como vecino del barrio, yo siento que es discriminatorio que nos pongan una reja. Siento que con ese vallado le están diciendo a mis hijos: vos vas a las escuelas del barrio Padre Mugica, ah, entonces sos ciudadano de segunda”, define con precisión. “Y bueno, muchos chicos y chicas lamentablemente se han acostumbrado, es como que piensan que las cosas son así y tienen que ser así. Pero yo no quiero que mis hijos se acostumbren. Ni mis hijos, ni los hijos de mis vecinos”, marca. Guanco recuerda momentos de peligro en las escuelas, como cuando hubo un principio de incendio en la secundaria, en 2019. “Desde entonces yo me quedé con esa idea, ¿qué pasa si hay un incedio? Acá puede pasar por la vereda algún vehículo chico, pero un camión de bomberos, no. Así pasan las ambulancias, por la vereda, es de locos. Los chicos caminan cuadras y cuadras para entrar a la escuela, llueva o truene, ¿por qué nos tenemos que acostumbrar a esto?”, pregunta. Y reitera: “Para nosotros esto es un acto de discriminacion y autoritarismo. Es una calle libre, no se puede cerrar y privatizar para los jueces. Los jueces tienen que entender que están para hacer justicia, y que la justicia tiene que ser igual para todos”.

Una historia de rejas

El Polo Educativo Mugica comenzó a construirse en 2016 y a fines de 2017 el gobierno porteño mudó las dos escuelas a otro predio, por dos años. En 2019, una vez construido el Polo, la comunidad escolar volvió a su lugar original. Pero esta vez, con un alambrado construido sobre la vereda de la calle Letonia. “Cuando se hicieron los juicios de la Amia, por seguridad, habían puesto un vallado, que iba a ser provisorio. Con el tiempo fue quedando”, recuerda Walter Larrea, docente del Polo Mugica. “Pero era distinto, porque la escuela vieja, antes de que se contruyera el Polo, era más chica y no estaba totalmente cortado el paso, como ahora. No era tan largo el alambrado, se podía transitar. Cuando hicieron el nuevo Polo, ahí alargaron el vallado y cortaron totalmente la calle. Después de eso armaron el estacionamiento bien enfrente de la escuela, exclusivamente para los jueces y el personal judicial de Comodoro Py”. “Hoy celebramos que un fallo de la Justicia obligue a retirar las rejas que privatizan una calle que se convirtió en un estacionamiento vip de los jueces de Comodoro Py“, expresó el Florencia Diasprotti, docente del Polo Mugica. “Esta calle que está cerrada con rejas y con una puerta con un candado, fue cedida por la ministra de Educación, Soledad Acuña, a Comodoro Py. Está violando la normativa escolar que dice que las escuelas tienen que tener un frente libre para situaciones de emergencia. Ahora todavía falta que el Gobierno de la Ciudad no apele, y que cumpla por lo menos con su propia normativa“, evaluó. Angélica Graciano, secretaria General de Ute, fue una de las oradoras del acto, al igual que Eduardo López. “Nosotras vamos a estar siempre acompañando los reclamos y otrganizándonos con los barrios para que no se sigan vulnerando los derechos y para que se reconozca el derecho pleno a ser ciudadano en forma igualitaria, como todos los ciudadanos de la Capital Federal”, expresó. “Sabemos que las luchas son largas, eso nos han enseñado las Madres. También sabemos que la Justicia tiene algunos ojos y oídos tapados, pero también hay juezas y jueces probos que escuchan a la comunidad”, dijo también, Y finalizó: “Ese alambrado es el alambrado de la desigualdad, el alambrado del oprobio, el alambrado de los privilegios. Y si algo no hay en la escuela pública, son privilegios”.