La inundación

Productores del Salado contra la motosierra

Productores agropecuarios y habitantes de los distritos de la Cuenca del Salado expresaron su enojo con el gobierno nacional por la parálisis de las obras hídricas destinadas a mitigar el impacto de eventos climáticos como la lluvia del fin de semana pasado. El pasado martes 20, mientras el agua en distintas zonas de la Provincia se resistía a bajar, el ruralista Alberto Larrañaga, en su doble condición de productor agropecuario y titular del Consejo Asesor del Plan Maestro de la Cuenca del Salado, un cuerpo técnico consultivo, tuiteó: “Río Salado: ¡Graves desbordes e inundaciones, con aguas a la altura del puente ferroviario, ocasiona el cuello de botella de una etapa paralizada por el gobierno de la Nación, sobre la que venimos alertando!” y arrobó a las cuatro organizaciones que integran la Mesa de Enlace Agropecuario.
En simultáneo, y a pesar del abandono del gobierno nacional, otra parte de las obras continúa su avance. Se trata de la construcción de puentes ferroviarios y carreteros sobre el río, para mejorar la fluidez y seguridad del tránsito en los distritos de Lobos, Roque Pérez, San Miguel del Monte y General Belgrano. Esas obras son responsabilidad del ministerio de Infraestructura de la provincia, que encabeza Gabriel Katopodis. El más reciente es el Videla Dorna – Gorchs, entre San Miguel del Monte y General Belgrano, que tendrá 276 metros de longitud y, una vez finalizado permitirá vincular a la Ciudad de Buenos Aires con Bahía Blanca, tanto para transporte de pasajeros como cargas, a la vez que se está realizando el reemplazo del actual puente ferroviario para los Ferrocarriles Roque Pérez – Salvador, que se encontraba gravemente deteriorado. Los productores argumentan que el supuesto ahorro desde la perspectiva fiscal, que el gobierno nacional esgrime como principal argumento de su gestión, no llega a compensar las pérdidas de lo que podría producirse si se completaran las obras y se incorporaran definitivamente esas tierras a la producción. También el Estado, a partir de una mayor recaudación, se beneficiaría por esas obras.
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El Río Salado nace en la laguna El Chañar, en la localidad santafesina de Teodelina y atraviesa la provincia de Buenos Aires de oeste a este, hasta desembocar en el Río de La Plata a la altura de Cerro de la Gloria, partido de Castelli, en plena Bahía de Samborombón. A su paso, delimita la zona conocida como “pampa deprimida” y abarca, entre otros,  los partidos de Roque Pérez, 25 de Mayo, Navarro, Lobos, Alberti, Ayacucho, Maipú, General Madariaga, Tordillo, Castelli, Lezama, General Guido, Mar Chiquita, General Lavalle, Dolores, Pinamar, Villa Gesell, Partido de la Costa, Pila, General Belgrano, Chascomús, Punta Indio, Magdalena, Azul, Rauch, General Alvear, Tapalqué, Saladillo y Las Flores, con una superficie aproximada 6,4 millones de hectáreas. Ese conjunto constituye una zona de importancia a nivel productivo por su actividad agrícola ganadera, que en los últimos años sufre alternativamente inundaciones y sequías, contraste que se exacerba por el cambio climático. Ya en 1997 se comenzó a trabajar en el desarrollo de un Plan Maestro de Obras para la zona, con el objetivo de incorporar más hectáreas al aparato productivo. Finalmente, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las obras comenzaron en 2003. A lo largo de las siguientes dos décadas, se complementaron las tareas en tres de los cinco tramos en los que fue subdividido el curso, comenzando desde la desembocadura y siguiendo aguas arriba. El cuarto tramo estaba en obra hasta que lo alcanzó la motosierra presidencial y el quinto permanece pendiente de licitación. Ese tramo, el IV, tenía un recorrido de más de 200 kilómetros lineales y, a partir de una inversión cercana a los 180 millones de dólares, generaba 700 empleos directos y un impacto beneficioso sobre 250 mil personas que habitan la zona. Las obras consistían, en principio, en profundizar y mejorar el dragado del lecho, hasta extraer unos 100 millones de metros cúbicos, que serían destinados a terraplenes y construcciones defensivas, para impedir el anegamiento de las zonas aledañas al curso del río. Se trata de medidas largamente esperadas por los productores de la zona, cuya economía se ve seriamente amenazada por esta clase de eventos climáticos, cada vez más frecuentes.
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Sin embargo, tras detenerlas de hecho a lo largo de todo 2024, como ocurrió con toda la obra pública dependiente de la Casa Rosada, el pasado 27 de febrero el gobierno libertario comunicó la “neutralización del plazo de obra” a las empresas contratistas involucradas en su ejecución: Centro Construcciones, Pentamar S.A., José Chediak S.A.I.C.A., Ecodyma Empresa Constructora S.A., Dragados y Obras Portuarias S.A. y Sabavisa S.A. En la escueta nota de apenas cinco líneas, no se especifican motivos ni plazos. Técnicamente, “neutralización de obra” es la expresión que se utiliza para definir la suspensión de los compromisos entre las partes, sin rescindir definitivamente el acuerdo ni que ello implique costos o penalizaciones. Ya en abril pasado, con los campos al borde de la saturación de su capacidad de absorción pero antes de la última inundación, autoridades de las Confederaciones Agrarias de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que a su vez integran el Consejo del Salado, se habían manifestado contra las demoras y dilaciones generadas por el gobierno nacional. Larrañaga afirmó ya en esa ocasión que “las asambleas de Bolívar y Saladillo vienen a ser el grito del Vallimanca, que es afluente del Salado y contiene un área geográfica que arranca en la Sierra de la Ventana, abarcando una decena de partidos donde recurrentemente se producen excesos hídricos e inundaciones y la gente espera por las ramas secundarias del Plan Maestro”.

Obras sí, pero hay más problemas

Aguas abajo, donde las obras se concluyeron, el Salado ya no desborda pero aparecen otros problemas. “El río no se salió, pero los granos de soja tienen una humedad de veinte por ciento, es tan alta que no si los cosechás así se pudren. Y aunque los cosecháramos, están anegados los caminos, no tendríamos por dónde sacar la cosecha”. El que habla con Buenos Aires/12 es el ingeniero agrónomo Pablo Forciniti, que asesora a productores de General Belgrano y San Miguel del Monte que es, además, docente del CEPT 1, ubicado en Colonia El Salado y dependiente de la  la Dirección de Educación Agraria de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. CEPT significa Centro Educativo para la Producción Total y allí se dictan formaciones vinculadas a la producción agrícola y agroalimentaria.
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“El promedio anual de precipitaciones de esta zona es de novecientos o mil milímetros. Estamos en mayo y ya cayeron ochocientos. Y falta toda la primavera, que es una época muy llovedora”, sostiene, preocupado. Para Forciniti, “hacer obras hídricas dentro de los campos es complejo y costoso. Si uno saca el agua de su campo le transfiere el problema a otro”. Sobre las pérdidas que sufrieron los productores afirma que “un silobolsa puede resistir la humedad, pero no el encharcamiento. Además, cualquier mínimo agujerito o rotura puede generar, al menos, pérdidas parciales. Los que tienen lomas, los suben ahí, pero tampoco es sencillo”.

¿Cambio climático? ¡Afuera!

En julio del año pasado, la Asociación de Personal del INTA (Apinta), denunció censura. En un comunicado, las autoridades del sindicato informaron que las actuales autoridades del organismo prohibieron el uso de los términos y expresiones “cambio climático”, “sustentabilidad”, “agroecología”, “género”, “biodiversidad”, “huella de carbono” y “prohuerta”. En varias intervenciones públicas, Milei negó la existencia del cambio climático que actualmente amenaza las cosechas, el principal ingreso genuino al país de dólares, que el gobierno necesita con desesperación para sostener su modelo económico. Grafton es el pueblito estadounidense, cercano a la frontera con Canadá, donde se desarrolló el primer experimento libertario a nivel local, en los primeros años de este siglo. La desregulación y desmantelamiento del estado municipal generó un caos tal que no se recogía la basura y los osos salían del bosque para alimentarse de los residuos, llegando a meterse en las casas y atacar a sus moradores.  La experiencia, brillantemente narrada en el libro “Un libertario se choca con un oso”, de Matthew Hongoltz Hetling, podría parecer minúscula en poco tiempo, comparada con la Argentina de Milei.
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