El Gobierno dispuso que las empresas industriales radicadas en Tierra del Fuego queden exentas del aporte mensual al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina), creado para financiar la diversificación productiva de la provincia. El desfinanciamiento a la política industrial gestionada desde el FAMP es consecuencia de la desregulación comercial que impulsa el oficialismo. De esta manera, la medida busca compensar a las empresas por la “crítica” pérdida de competitividad que enfrentaron ante la eliminación de los aranceles.
De acuerdo con la Unión Industrial Fueguina (UIF) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), el impacto del Decreto 333 y del conjunto de medidas de desregulación económica sobre el sector industrial de la provincia “requiere una revisión de las cargas vigentes, agregando que este impacto no se limita exclusivamente al segmento de celulares, sino que la totalidad de la actividad productiva de la provincia se vio afectada, con riesgos para la continuidad de la operación y el sostenimiento del empleo”.
Pese a poner en peligro miles de puestos de trabajo que se dedican a ensamblar electrodomésticos y productos tecnológicos en Tierra del Fuego, desde el Gobierno nacional defendieron la desregulación por el impacto sobre el precio de venta final de los celulares: estimaron que los productos electrónicos importados debían bajar alrededor de un 30 por ciento. Aunque desde la industria pusieron reparos sobre la ocasional rebaja de precios.
El gobernador provincial, Gustavo Melella, dijo que mientras algunos celebran un eventual abaratamiento de los dispositivos, en Tierra del Fuego “no hay nada para festejar”.
A través de la Resolución 20/2026 firmada este miércoles por la Secretaría de Industria y Comercio, el Gobierno intento equilibrar la iniciativa aperturista permitiendo que aquellas empresas fueguinas adheridas al régimen de promoción industrial suspendan el aporte obligatorio equivalente al 15 por ciento del beneficio obtenido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las ventas de sus productos. La alícuota pasa a 0 por ciento mientras estén en vigencia los aranceles del Decreto 333. Lo cual implica un desfinanciamiento de FAMP y por ende de la política industrial ya que este fideicomiso tenía por finalidad potenciar la diversificación sectorial en el territorio.
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