Patricia Bullrich ofreció una recompensa para quienes aporten datos sobre los autores los incidentes frente al Congreso

A horas de una nueva protesta de los jubilados frente al Congreso, que amaneció vallado y con un operativo de seguridad que promete blindar al centro porteño, la cartera que dirige Patricia Bullrich confirmó el pago de una recompensa para quienes aporten datos o denuncien a las personas «responsables de haber promovido disturbios» en la marcha del 12 de marzo, que fue brutalmente reprimida y dejó al fotógrafo Pablo Grillo peleando por su vida tras recibir un disparo de granada de gas en la cabeza.

A través de la Resolución 357/2025 publicada en el Boletín Oficial de este miércoles, el Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de diez millones de pesos «destinada a aquellas personas que,  sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles, precisos y concretos que permitan identificar y lograr la captura de los autores y responsables de haber promovido disturbios y delitos en la zona del Congreso Nacional» en la protesta de jubilados del 12 de marzo.

En los considerandos, la resolución firmada por Bullrich, afirma que «es de público y notorio conocimiento que miembros de grupos organizados y “barras bravas” de diferentes parcialidades futbolísticas, con la excusa de apoyar una manifestación de personas jubiladas, promovieron disturbios con fines desestabilizadores».

Y asegura que «los grupos movilizados» en la protesta «nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas» y destaca que al arribar a la zona del Congreso  «comenzaron a agredir a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego».

Asimismo, se señala que la movilización fue «orquestada previamente para actuar en forma gravemente violenta» y que  «buscó impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional«, ya que «constituyó una “reunión de personas armadas».

Por este motivo, resulta «necesario y urgente identificar a los autores de los mencionados delitos, que constituyen un caso de gravedad institucional con trascendencia a nivel nacional e internacional».